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Veinticinco años después del 11-S: cómo una mañana reescribió la banca de todos los que viven en el extranjero

El atentado del 11-S costó unos 400.000 dólares. La ley aprobada 45 días después sigue decidiendo cómo trata cualquier banco un domicilio extranjero, un pasaporte extranjero y una cuenta extranjera.

Una pareja internacional de unos cincuenta años pasea por un soleado paseo arbolado junto al río en una ciudad europea

La mañana del 11 de septiembre de 2001, diecinueve secuestradores atacaron Estados Unidos. El día se recuerda por sus muertos. Muchas menos personas saben que aquella mañana cambió también algo con lo que tratan todos los meses: la forma en que los bancos tratan a cualquiera cuya vida cruza una frontera.

El vínculo no salta a la vista, porque el dinero detrás de los atentados era poco y corriente. La Comisión Nacional sobre los Atentados Terroristas contra Estados Unidos concluyó en su monografía sobre la financiación del terrorismo que el complot le costó a al Qaeda entre 400.000 y 500.000 dólares, de los que unos 300.000 se ingresaron en las propias cuentas bancarias estadounidenses de los secuestradores. El dinero llegó por transferencia, en efectivo y en cheques de viaje introducidos en el país, y con tarjetas de débito y de crédito vinculadas a cuentas en el extranjero. Los técnicos de la Comisión describieron esas operaciones como nada llamativas y escribieron que las salvaguardas existentes no fallaron: nunca se diseñaron para detectar ni frenar operaciones del tipo de las que financiaron el 11-S.

Esa conclusión llegó después. La ley llegó antes, y deprisa.

Cuarenta y cinco días

El 26 de octubre de 2001, cuarenta y cinco días después de los atentados, el presidente firmó la Public Law 107-56, la USA PATRIOT Act. Su título III lleva nombre propio: International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Financing Act of 2001, la ley contra el blanqueo internacional y la financiación del terrorismo.

Las conclusiones que el Congreso escribió en la sección 302 del texto aprobado se leen como el mapa de lo que estaba a punto de cambiar. El Congreso citó una estimación del Fondo Monetario Internacional según la cual el blanqueo equivalía a entre el 2 y el 5 % del PIB mundial. Señaló las jurisdicciones offshore que combinan anonimato y supervisión débil. Destacó la banca corresponsal, las cuentas que los bancos extranjeros tienen en bancos estadounidenses, como expuesta a manipulaciones que ocultan a las verdaderas partes de una operación. Y calificó de vulnerable la banca privada para grandes transferencias de fondos personales, con los altos cargos extranjeros corruptos como ejemplo.

Vuelve a leer esas conclusiones desde el punto de vista de alguien que vive en un país, tiene sus cuentas en un segundo y gana su dinero en un tercero. Cada rasgo de esa vida, el domicilio extranjero, la cuenta extranjera, la transferencia transfronteriza, acababa de quedar escrito en la ley federal como factor de riesgo.

Cinco secciones que llegaron a todas las cuentas

El título III es largo, pero cinco disposiciones hicieron casi todo el trabajo. Sus obligaciones bancarias siguen hoy en el 31 U.S. Code § 5318 y en la sección 5318A, que creó la sección 311.

Sección 311, medidas especiales. Dio al secretario del Tesoro el poder de exigir a las entidades financieras estadounidenses medidas especiales cuando una jurisdicción, una entidad extranjera, una clase de operaciones o un tipo de cuenta se considera de especial preocupación por blanqueo. En la práctica, dio a Washington una palanca sobre bancos que no son estadounidenses en absoluto, porque cualquier banco que quiera mover dólares necesita corresponsales estadounidenses que están obligados por esas medidas.

Sección 312, diligencia debida con personas extranjeras. Toda entidad financiera estadounidense que mantenga una cuenta de banca privada o una cuenta de corresponsalía para una persona no estadounidense tiene que aplicar políticas de diligencia debida pensadas para detectar y comunicar el blanqueo. En las cuentas de banca privada, el mínimo incluye identificar a los titulares nominales y reales y el origen de los fondos, y aplicar un escrutinio reforzado cuando la cuenta pertenece a un alto cargo político extranjero, a un familiar o a un allegado.

Sección 313, nada de bancos pantalla. Las entidades estadounidenses no pueden mantener cuentas de corresponsalía para un banco extranjero sin presencia física en ningún país, y tienen que tomar medidas razonables para que sus bancos clientes extranjeros no presten servicios a uno de ellos. Presencia física significa una dirección fija, al menos un empleado a tiempo completo, registros operativos y supervisión.

Sección 319, alcance y rapidez. Estableció que los fondos depositados en un banco extranjero que tiene una cuenta interbancaria en Estados Unidos se consideran depositados, a efectos de decomiso, en esa cuenta estadounidense. Además, una entidad sujeta tiene que entregar sus registros contra el blanqueo en un plazo de 120 horas desde que se los pide su supervisor bancario federal.

Sección 326, quién eres. El Tesoro tuvo que fijar normas mínimas para verificar la identidad de cualquiera que abra una cuenta. La norma resultante, hoy 31 CFR 1020.220, exige al banco obtener, antes de abrir una cuenta, al menos un nombre, una fecha de nacimiento, un número de identificación y un domicilio. En el caso de una persona física, el domicilio tiene que ser una dirección postal de residencia o de negocio con calle y número. Para una persona no estadounidense, el número de identificación puede ser el número de pasaporte con el país de expedición, u otro documento oficial con fotografía que acredite la nacionalidad o la residencia.

Por qué la carga cayó sobre quien vive en el extranjero

Ninguna de estas disposiciones menciona a expatriados, nómadas digitales ni jubilados en el Algarve. No hacía falta.

La arquitectura funciona a través del riesgo, y cada herramienta del título III trata los elementos transfronterizos como lo que hay que mirar más de cerca. Una persona no estadounidense recibe un escrutinio reforzado en la banca privada. A un banco extranjero se le pregunta por sus propietarios y por sus propios clientes antes de que pueda tener una cuenta en dólares. Un cliente tiene que dar una dirección con calle y número, no un apartado de correos, y la dirección tiene que poder comprobarse. Nada de esa lista es poco razonable por sí solo. En conjunto, significa que cuanto más internacional es tu vida, más papeles necesita tu banco antes de poder decirte que sí.

La banca corresponsal es donde el efecto llega más lejos. Cuando un banco estadounidense tiene que saber quién es el dueño de su banco cliente extranjero y si ese cliente da servicio a otros bancos extranjeros, el banco extranjero, a su vez, tiene que conocer lo bastante a sus propios clientes como para responder. La obligación baja por la cadena hasta llegar a un empleado de ventanilla en Lisboa, Limasol o Kuala Lumpur que pregunta por qué un cliente con pasaporte español recibe pagos de Singapur. Nuestro artículo sobre el cierre de cuentas describe dónde termina esto cuando la respuesta es demasiado complicada para que el banco le ponga precio.

La ironía es la que señalaron los técnicos de la Comisión. Las operaciones que financiaron el 11-S eran corrientes: cuentas abiertas a nombre de los propios secuestradores, transferencias, efectivo, tarjetas. El sistema construido después está pensado para detectar lo inusual. Para la mayoría de quienes viven entre fronteras, su vida normal es justo lo que hoy le parece inusual a un algoritmo de cumplimiento normativo.

De Washington al mundo

El título III no se quedó mucho tiempo en Estados Unidos, porque el dólar tampoco se queda.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental que fija las normas contra el blanqueo, añadió a sus Cuarenta Recomendaciones un conjunto de Recomendaciones Especiales sobre la financiación del terrorismo. Según el GAFI, el conjunto «40+9» fue la norma internacional contra el blanqueo y la financiación del terrorismo hasta que se aprobaron las Recomendaciones revisadas del GAFI en febrero de 2012. Los países que quieren acceso al sistema financiero internacional aplican esas normas y se les evalúa por ellas.

Una vez que existía la maquinaria de verificación y comunicación, se usó para algo más que el terrorismo. El 18 de marzo de 2010, la Hiring Incentives to Restore Employment Act se convirtió en la Public Law 111-147. Tal como la describe el IRS, la Foreign Account Tax Compliance Act aprobada dentro de esa ley obliga en general a las entidades financieras extranjeras a informar sobre los activos de sus titulares estadounidenses o a soportar retenciones. FATCA es una ley fiscal, no antiterrorista. Pero funciona con el mismo principio que estableció el título III: el acceso de un banco extranjero al mercado estadounidense depende de cuánto le cuente a Washington sobre sus clientes. La agenda de transparencia más amplia levantada sobre los mismos cimientos es el tema de nuestro análisis sobre el CARF, el CRS y el final de partida de la transparencia.

Para los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, la consecuencia práctica es que cada banco extranjero tiene que sopesar el coste de comunicación de cada cliente estadounidense frente al valor de la relación. Para los no estadounidenses que intentan tener una cuenta en Estados Unidos, las normas de identificación deciden lo que es posible, como muestra esta guía para abrir una cuenta en EE. UU. sin SSN.

Las leyes de emergencia no caducan

Hay otro detalle del texto aprobado que conviene recordar. La sección 303 preveía que, a partir del primer día del ejercicio fiscal 2005, el título III quedaría sin efecto si el Congreso aprobaba una resolución conjunta en ese sentido, y pedía al Congreso que tramitara con rapidez cualquier resolución así. Las disposiciones bancarias siguen, aun así, en el Código de Estados Unidos un cuarto de siglo después. La prohibición de los bancos pantalla, la regla de las 120 horas y el escrutinio reforzado de los altos cargos políticos extranjeros se leen en el texto actual de la sección 5318 casi palabra por palabra como en octubre de 2001.

Esa es la regla general, no la excepción. Las medidas adoptadas en una crisis rara vez llegan con la fecha en que la crisis se dará por terminada. Se convierten en el punto de partida, y el siguiente bloque de normas se construye encima. Quien planifique una vida internacional debe dar por hecho que el cumplimiento normativo solo avanza en una dirección.

Vivir con esta arquitectura

La historia deja unos cuantos principios que se derivan directamente de cómo funcionan las normas.

Tu domicilio tiene que ser real. La norma de identificación de clientes pide una dirección con calle y número porque el sistema quiere saber dónde estás de verdad. Una dirección que solo existe para recibir correo es lo primero que marca un modelo de riesgo.

Tu historia tiene que ser coherente. Pasaporte, residencia fiscal, domicilio, origen de los ingresos y el patrón de tus transferencias se leen juntos. Cuando apuntan en direcciones distintas, el banco tiene que preguntar por qué, y cada pregunta cuesta tiempo. Nuestro artículo sobre los nómadas digitales y el problema del domicilio es, en buena parte, una colección de historias que no cuadraban.

El origen de los fondos es una tarea permanente. La sección 312 convirtió la titularidad real y el origen de los fondos en preguntas habituales para las cuentas de banca privada de extranjeros. Tener un expediente limpio que explique de dónde viene tu dinero, escrituras de venta, declaraciones de la renta y cuentas de la empresa, sale más barato que reconstruirlo cuando el banco lo pide.

Una estructura no es anonimato. La prohibición de los bancos pantalla y las normas sobre titularidad real dejan claro que el sistema mira a través de las entidades hasta las personas que hay detrás. Las sociedades y los trusts pueden servir a buenos fines, pero una estructura cuyo rasgo principal es que nadie puede ver quién es su dueño es justo lo que las normas posteriores a 2001 quisieron atrapar.

Diversifica tus bancos. Si el cumplimiento normativo solo avanza en una dirección, una única relación bancaria es un único punto de fallo. Dos o tres bancos en distintas jurisdicciones, cada uno con un expediente completo y al día, hacen que el cambio de apetito de riesgo de un banco sea una molestia y no una crisis. Tener cuentas en el extranjero es legal, sus rendimientos siguen tributando donde tienes tu residencia fiscal y no ayudamos a nadie a ocultar nada.

Veinticinco años después, el día se recuerda, con razón, por las personas que murieron. El papeleo que vino después es una nota a pie de página en comparación. Pero es una nota que cualquiera que vive, trabaja o invierte entre fronteras vuelve a leer cada vez que un banco le pide un documento más. Saber de dónde vienen las preguntas no hace que desaparezcan. Sí explica por qué no van a desaparecer.

Aviso: este artículo no constituye asesoramiento fiscal, jurídico ni de inversión. Para cuestiones concretas, consulta con un asesor cualificado.