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El final de partida de la transparencia global: CARF, CRS y la agenda del impuesto sobre el patrimonio

Estados Unidos ha recortado su registro de titulares reales mientras el CRS y el CARF no dejan de crecer. Por qué saber lo que tienes va antes de gravarlo, y qué puedes hacer de forma legal.

Un hombre sonriente de unos cincuenta y muchos años apoyado en una barandilla de balcón llena de geranios rojos

En marzo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos dio marcha atrás con la Corporate Transparency Act. Tras los recursos judiciales de 2024, el Tesoro anunció el 2 de marzo de 2025 que no aplicaría la ley a ciudadanos estadounidenses, sociedades nacionales ni a sus propietarios, y FinCEN aprobó a continuación una norma provisional que los eximía. Una norma definitiva, en vigor desde el 14 de agosto de 2026, lo hizo permanente: la obligación de declarar a los titulares reales solo se aplica ya a entidades extranjeras registradas para operar en Estados Unidos, y FinCEN está borrando lo que ya tenía sobre personas estadounidenses. Mientras los titulares apenas lo recogían, quien sigue de cerca la fiscalidad y la vigilancia financiera internacionales lo vio como lo que era: una retirada rara y muy reveladora.

Porque la CTA, como sus primas en otros países, nunca fue solo cosa de frenar a terroristas o cárteles. Se trataba de saber lo que tienes. Y saber lo que tienes es el primer paso para gravar lo que tienes. Estados Unidos parpadeó. En el resto del mundo, la maquinaria sigue acelerando.

El Estándar Común de Comunicación de Información (CRS) de la OCDE sigue creciendo, y 77 jurisdicciones se han comprometido ya con su hermano pequeño, el Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos (CARF). Al mismo tiempo, una propuesta académica seria de un impuesto coordinado sobre las mayores fortunas ha llegado al G20. Para entender adónde lleva esto, y qué puedes hacer todavía dentro de la ley, hay que seguir el hilo que une transparencia, acuerdos internacionales y redistribución del capital privado a través de los impuestos.

El verdadero propósito de la «transparencia»

Los gobiernos rara vez explican todos los usos que tienen pensados para una base de datos. La CTA se vendió como una medida contra el terrorismo y el blanqueo que obligaba a millones de pequeñas empresas a declarar a sus titulares reales. Los críticos enseguida vieron el desajuste: la obligación recaía sobre todo en sociedades unipersonales y empresas familiares, no en las redes que supuestamente debía atrapar.

El sistema pedía datos personales detallados, incluidos números de documento de identidad y domicilios particulares, y los respaldaba con sanciones civiles y penales. Sus críticos sostenían que el verdadero producto era un registro centralizado para usos futuros. Bajo la presión judicial y la resistencia de las asociaciones de pequeñas empresas y de los estados, ha quedado reducido a una fracción de su alcance original.

Ese retroceso no significa que la agenda global haya muerto. Mientras Estados Unidos da un paso atrás con los registros de sociedades, la UE, la OCDE y decenas de jurisdicciones alineadas siguen integrando sus sistemas.

El CRS y la red mundial de datos

El Estándar Común de Comunicación de Información, aprobado por la OCDE en 2014 y con los primeros intercambios en 2017, obliga a las entidades financieras a recoger el número de identificación fiscal de sus clientes extranjeros y a comunicar sus saldos y rendimientos. Esos datos se envían de forma automática al país de residencia del titular; nuestro artículo sobre el CRS explica el mecanismo, y las nuevas normas del CRS en Singapur muestran cómo los informes son cada vez más detallados.

La mayoría subestima la escala. Según el Foro Global de la OCDE, a finales de 2025 intercambiaban datos bajo el CRS 116 jurisdicciones, y solo los intercambios de 2024 abarcaron unos 171 millones de cuentas con casi 13 billones de euros. Los inmuebles que posees directamente no son un activo financiero a efectos del CRS, pero ese hueco también se está cerrando: en diciembre de 2025, 26 jurisdicciones se comprometieron a sumarse a un nuevo marco de la OCDE para intercambiar información sobre inmuebles en el extranjero, con los primeros intercambios previstos para 2029.

El relato público siempre habla de evasión fiscal. La función técnica es más amplia: centralizar datos. Y cuando centralizas la información sobre los bienes que se tienen al otro lado de las fronteras, construyes la infraestructura que necesitaría un impuesto sobre esos bienes.

Gabriel Zucman y el plano del impuesto sobre la riqueza

Durante años, los impuestos sobre el patrimonio se consideraron políticamente tóxicos y técnicamente inviables. Eso cambió cuando el economista francés Gabriel Zucman empezó a publicar propuestas detalladas y basadas en datos.

En junio de 2024, en un informe encargado por la presidencia brasileña del G20, propuso un impuesto mínimo coordinado sobre los más ricos: un 2 % anual del patrimonio para quienes tengan más de mil millones de dólares, como complemento para aquellos cuyo impuesto sobre la renta no llegue a esa cifra. El informe señala el Estándar Común de Comunicación de Información como el punto de partida para hacerlo cumplir, y pide que también los inmuebles y las criptomonedas entren en el intercambio de información. Los ministros de Finanzas del G20 reunidos en Río en julio de 2024 no adoptaron la regla del 2 %; acordaron «procurar colaborar» para que las personas con grandes patrimonios tributen de forma efectiva.

Dicho de otro modo, puede que las herramientas de transparencia de la última década no fueran el objetivo final. Puede que resulten ser las tuberías. Una vez que existen los datos, identificar, valorar y gravar lo que tiene la gente pasa a ser una decisión política, no un problema técnico.

El debate ya no es teórico. En Francia, la Asamblea Nacional votó una «tasa Zucman» y la rechazó el 31 de octubre de 2025, por 228 votos contra 172; la ley de presupuestos de 2026 no aprobó ningún impuesto general sobre el patrimonio. En Bruselas, el comisario Wopke Hoekstra confirmó en una respuesta escrita a un eurodiputado en mayo de 2025 que la Comisión había encargado en diciembre de 2024 un estudio sobre los impuestos ligados al patrimonio, aunque subrayó que la fiscalidad sigue siendo competencia nacional. Las propuestas siguen fracasando. Y siguen volviendo.

Qué es el CARF y por qué importa

Como si el CRS no bastara, la OCDE ha añadido un segundo régimen dirigido a las criptomonedas y los activos digitales. Las criptomonedas fueron en su día la vía de escape.

Con el CARF, los proveedores de servicios de criptoactivos, entre ellos plataformas de intercambio, intermediarios y algunos proveedores de monederos, recogen la residencia fiscal y el número fiscal de sus clientes y comunican cada año sus operaciones. Los intercambios de criptomonedas por dinero o por otros criptoactivos, y las transferencias, se comunican sin umbral; el único límite mínimo son 50.000 dólares para los pagos minoristas que un proveedor tramita para un comerciante. Los monederos autocustodiados no comunican nada por sí mismos, pero la plataforma informa, de forma agregada, de lo que transfieres a monederos que no sabe que pertenezcan a otro proveedor.

Según la lista del Foro Global de la OCDE de septiembre de 2026, 77 jurisdicciones se han comprometido: 46 con primeros intercambios en 2027, 27 en 2028, entre ellas Suiza, Singapur, Hong Kong y los EAU, y cuatro en 2029, entre ellas Estados Unidos. Las plataformas del Reino Unido y de la UE recogen los datos desde el 1 de enero de 2026. En pocos años, tus criptomonedas en una plataforma serán casi tan visibles como tu cuenta bancaria.

De la vigilancia a la tributación: el manual

Una vez que estos sistemas están en marcha, ¿qué impide a los gobiernos usarlos para impuestos sobre el patrimonio, liquidaciones retroactivas o congelaciones de bienes? La ley y la política, y poco más. La información siempre ha ido por delante del impuesto. Cada registro que le dice al Estado lo que tienes hace que el próximo impuesto sobre ello sea más fácil de diseñar y de cobrar.

El clima actual, con déficits, envejecimiento de la población y obligaciones sociales crecientes, lo hace más probable, no menos. El movimiento político más fácil es apuntar a los ricos, definidos cada vez de forma más amplia, con un relato de justicia y redistribución. Esa es la trayectoria, salvo que cada uno tome el control de su propia estructura.

Cómo protegerte, dentro de la ley

Nada de esto es una invitación a la evasión. Es una invitación a una planificación legal y temprana, mientras las opciones siguen siendo amplias.

1. Elige tu residencia fiscal a conciencia. Un país sin impuesto sobre el patrimonio, sin impuesto de salida y con un trato razonable de las rentas extranjeras cambia más que cualquier cuenta. Quien vive en España lo sabe: aquí el patrimonio ya tributa, como explicamos en nuestro artículo sobre el Impuesto sobre el Patrimonio y las cuentas en el extranjero. Los EAU, Panamá, Paraguay y algunos Estados del Caribe suelen estar en la lista; lo que importa es que la residencia sea real.

2. Usa estructuras adecuadas para fines adecuados. Los trusts, las fundaciones y los seguros de vida pueden proteger el patrimonio frente a acreedores y conflictos sucesorios cuando se constituyen conforme a la ley y se declaran. No son una forma de esquivar el CRS ni el CARF: ambos miran a través de las entidades hasta las personas que hay detrás.

3. Diversifica dónde tienes tus cuentas. Estados Unidos no participa en el CRS e intercambia información a través de FATCA; una cuenta en EE. UU. para no residentes sigue, por tanto, reglas distintas de las de una europea. Nuestro repaso de los países fuera del CRS cubre el resto. Distinto no significa invisible, y los rendimientos siguen tributando en tu país de residencia.

4. Infórmate de lo que comunica tu plataforma de criptomonedas. La autocustodia deja las claves en tus manos; no hace desaparecer del informe de la plataforma la retirada que hiciste.

5. Ten parte de tus bienes fuera de los saldos bancarios. El oro físico, el suelo o una empresa que diriges se comunican de otra forma que una cartera en un banco, y reparten tu riesgo entre más de un sistema.

6. Plantéate una segunda nacionalidad. Un segundo pasaporte te da opciones si tu país llega a vincular la tributación o las reglas de salida a la nacionalidad.

7. Actúa mientras todas las opciones siguen abiertas. Abrir y mantener cuentas en el extranjero es legal, tus rendimientos siguen tributando donde tienes tu residencia fiscal y no ayudamos a nadie a ocultar nada. Lo que compra la planificación es capacidad de elegir, y esa capacidad se reduce cada vez que entra en funcionamiento un registro nuevo.

La ilusión del consentimiento

Todo esto se hace en nombre de la justicia, la transparencia y la lucha contra la desigualdad. Pero cuando los gobiernos saben todo lo que tienes, tienen los medios para decidir cuánto te quedas, y siempre habrá una justificación moral para quedarse con más.

Una vez dentro del sistema, no hay forma de salir. Tu protección está en organizar tu residencia, tus cuentas y tu patrimonio de manera que sigan siendo legales, declarados y resistentes. Estados Unidos ha dado marcha atrás con los registros de sociedades, de momento. La OCDE tiene ambiciones globales, y las propuestas para gravar el patrimonio no han desaparecido.

Aviso: este artículo no constituye asesoramiento fiscal, jurídico ni de inversión. Para cuestiones fiscales concretas, consulta con un asesor fiscal cualificado.