FBAR a 10.000 dólares, Form 8938 a 50.000, efectivo en la UE a 10.000 euros, modelo 720 a 50.000 euros: umbrales que nunca suben con los precios, mientras las sanciones sí. Por qué importa si vives fuera.

Los debates sobre la fiscalidad de quienes viven entre fronteras suelen girar en torno a los tipos: un 0 % aquí, un 15 % allá, un tipo único en otra parte. Los tipos son lo que anuncian los gobiernos y lo que comparan los periódicos.
Pero buena parte del sistema con el que conviven de verdad las personas con vida internacional no está hecha de tipos. Está hecha de umbrales: el importe a partir del cual hay que declarar una cuenta, comunicar una donación, presentar un formulario o se rechaza un pago. Esas cifras deciden quién está dentro del sistema y quién no. Y muchas están escritas como números fijos que nadie actualiza.
El argumento es sencillo. Un umbral que no se mueve con los precios no es una regla neutral. Es una regla que se amplía cada año sin que nadie la vote. En una generación, convierte una medida pensada para grandes sumas en una obligación que alcanza al ahorrador corriente. Y la prueba de que es una elección y no un accidente es que los gobiernos actualizan las cifras cuando quieren, a veces en la misma ley.
El ejemplo más claro está en la legislación estadounidense contra el blanqueo.
La Bank Secrecy Act, que FinCEN sitúa en 1970, es la base del FBAR, la declaración de cuentas bancarias y financieras en el extranjero. Según las normas del IRS, un estadounidense con interés financiero en cuentas extranjeras, o con firma autorizada sobre ellas, tiene que presentarlo si su valor conjunto superó los 10.000 dólares en algún momento del año natural. El reglamento, 31 CFR 1010.306(c), sigue diciendo «exceeding $10,000». La cifra no se ajusta a la inflación.
La sanción por equivocarse, sí. La tabla de sanciones civiles ajustadas a la inflación de 31 CFR 1010.821 sitúa el máximo legal de 10.000 dólares por una infracción no dolosa relativa a cuentas extranjeras en 16.536 dólares en su versión actual.
Así que el mismo cuerpo legal trata los dos números de forma distinta. El importe que activa la obligación sigue donde se escribió. El importe de la multa por incumplirla se ha subido para que conserve su valor real. Cada año, la obligación llega más abajo en la escala de ingresos, y el coste de no cumplirla se mantiene igual en términos reales.
¿Cuánto más abajo? Según el índice de precios al consumo de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), los precios de septiembre de 2026 eran unas 8,7 veces la media de 1970. Diez mil dólares de hoy compran más o menos lo que 1.150 dólares en 1970. Fuera cual fuera la intención original de un umbral de 10.000 dólares, hoy atrapa una cuenta nómina y una modesta cuenta de ahorro en el país en el que un estadounidense vive de verdad.
El Tribunal Supremo limitó el daño en un aspecto. En Bittner v. United States, resuelto el 28 de febrero de 2023, la Administración había calculado una sanción de 2,72 millones de dólares por cinco declaraciones tardías que abarcaban 272 cuentas. El Tribunal declaró que la sanción máxima por una infracción no dolosa se cuenta por declaración, no por cuenta. Eso hizo el peor caso menos absurdo. No cambió la cifra a partir de la cual empieza la obligación.
Si los umbrales congelados fueran solo una incapacidad técnica para actualizar números, todos los umbrales estarían congelados. No lo están.
Cuando el Congreso añadió en 1996 la sección 6039F al código tributario, que obliga a los estadounidenses a declarar las donaciones importantes de origen extranjero, fijó un umbral de 10.000 dólares y le añadió un ajuste por coste de la vida para los años que empezaran después del 31 de diciembre de 1996. El IRS fija ahora esa cifra indexada cada año. Para 2027, el Revenue Procedure 2026-35 la sitúa en 21.240,31 dólares, una cifra exacta hasta el céntimo porque se calcula, no se elige.
El resultado sigue a los precios. Los precios al consumo en Estados Unidos eran en septiembre de 2026 unas 2,15 veces la media de 1996, y el umbral indexado se ha duplicado más o menos. La ley funciona como se diseñó.
Junto a ella, el IRS aplica una cifra distinta y mucho más alta para las donaciones o herencias de personas físicas y sucesiones extranjeras: hay que declararlas en el Form 3520 por encima de 100.000 dólares, según el IRS. Esa cifra no está indexada. Dos umbrales de declaración para el dinero que llega del extranjero, uno que se mueve cada año y otro que no se mueve.
La Foreign Account Tax Compliance Act añadió la sección 6038D al código tributario el 18 de marzo de 2010. Obliga a las personas físicas a declarar determinados activos financieros extranjeros por encima de 50.000 dólares, «o de la cifra superior que fije el Secretario».
El Tesoro ha usado esa facultad para fijar cifras más altas: según la comparación del IRS entre el Form 8938 y el FBAR, un contribuyente individual que vive en Estados Unidos declara por encima de 50.000 dólares a final de año o 75.000 en cualquier momento, y uno que vive en el extranjero por encima de 200.000 o 300.000 dólares. Los umbrales para quien vive fuera son más altos porque sus activos extranjeros son sus activos de siempre.
Tampoco esas cifras se han indexado. Con datos del BLS, 50.000 dólares a precios de 2010 equivalen a unos 77.000 dólares a precios de septiembre de 2026. Un hogar que estaba por debajo de la cifra cuando se aprobó la ley puede estar hoy por encima con exactamente el mismo ahorro real.
Canadá ofrece el contraejemplo. Los residentes en Canadá tienen que presentar el formulario T1135 si el coste de sus bienes extranjeros especificados supera los 100.000 dólares en algún momento del año, como explica la Agencia Tributaria de Canadá.
En el presupuesto de 2026, el Gobierno propuso duplicar ese umbral hasta 200.000 dólares y subir el techo de la versión simplificada del formulario de 250.000 a 500.000 dólares, para los ejercicios que terminen después de 2026. La propuesta aún necesita una ley. Pero muestra lo que hace un gobierno cuando decide que un umbral de declaración se ha quedado demasiado por debajo de su propósito: mueve la cifra.
No es indexación. Una duplicación puntual pone el reloj a cero, y la cifra vuelve a desfasarse al año siguiente. Pero reconoce el problema abiertamente, que es más de lo que reciben la mayoría de los umbrales.
La Unión Europea tiene su propio número fijo, y es el mismo.
Desde el Reglamento (CE) n.º 1889/2005, quien entra en la UE o sale de ella con 10.000 euros o más en efectivo tiene que declararlo. El reglamento que lo sustituyó, el Reglamento (UE) 2018/1672, aplicable desde el 3 de junio de 2021, mantuvo exactamente la misma cifra. Según el índice armonizado de Eurostat, los precios al consumo en la zona del euro eran en 2025 un 52 % más altos que en 2005. La cifra no se movió.
La próxima cifra europea también es de 10.000 euros. El nuevo Reglamento contra el blanqueo, el Reglamento (UE) 2024/1624, limita en su artículo 80 los pagos en efectivo por bienes o servicios a 10.000 euros, permite a los Estados miembros fijar límites más bajos y se aplica desde el 10 de julio de 2027; nuestro artículo sobre el límite europeo al efectivo entra en el detalle. Está escrito como un importe fijo. Salvo que se modifique la ley, valdrá menos en términos reales cada año que esté en vigor.
Para la mayoría de los viajeros, declarar el efectivo es un trámite y no una carga. La cuestión no es que estas normas estén mal. Es que un número fijo en una ley sobre dinero es una decisión sobre el futuro, tomada una vez y repetida después cada año, en silencio, al no revisarla.
Quien vive en España tiene su propio ejemplo. La Ley 7/2012, de 29 de octubre, añadió a la Ley General Tributaria la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero, el modelo 720. Según la Agencia Tributaria, no hay obligación de declarar mientras el valor de cada bloque, cuentas, valores o inmuebles, no supere los 50.000 euros, y una vez presentado solo hay que volver a hacerlo si el valor conjunto de un bloque aumenta más de 20.000 euros respecto a la última declaración. La cifra de 50.000 euros es la misma desde la primera declaración, la del ejercicio 2012, y nunca se ha actualizado.
La historia tiene un giro que encaja con este artículo. Lo que se corrigió no fue la cifra, sino la sanción. En su sentencia de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19, Comisión contra España), el Tribunal de Justicia de la UE declaró que el régimen sancionador de esa obligación vulneraba la libre circulación de capitales. La obligación de declarar sigue vigente, con la misma cifra de 50.000 euros. Nuestro artículo sobre cómo declarar una cuenta en el extranjero explica el detalle.
Quien vive y tiene sus cuentas en un solo país rara vez se topa con estos umbrales. Sus cuentas son nacionales, sus donaciones son nacionales, su efectivo se queda en casa.
Una persona con vida internacional se los encuentra todos a la vez. Un estadounidense en Lisboa tiene una cuenta nómina portuguesa, quizá una cuenta de pensiones de un trabajo anterior en Londres y una cuenta de ahorro en Estados Unidos. Supera el umbral del FBAR antes de pagar el primer mes de alquiler. Una familia que se envía dinero entre generaciones en distintos países se topa con los umbrales de las donaciones. Un jubilado que se mueve entre dos residencias con ahorros en dos divisas se encuentra con todos los formularios de activos extranjeros que existen.
Ninguno de estos formularios crea un impuesto. Pero cada uno crea tres cosas. Un coste de presentación, a menudo pagado a un profesional. Una exposición a sanciones por errores inocentes, por importes que se ajustan a la inflación aunque el umbral no lo haga. Y una señal para los bancos: cuanto más complicada es la situación declarativa de un cliente, más caro les resulta mantenerlo, y esa es una de las razones por las que los bancos cierran cuentas.
Hay también una cuestión democrática. Quien vive fuera del país cuyos formularios presenta suele tener poca representación en el sistema que los fija. El mismo argumento se ha planteado sobre las tasas en The Fee State: cuando el coste recae sobre gente con poca voz, nadie tiene un motivo de peso para ajustarlo. Los umbrales congelados son el mismo fenómeno de forma menos visible.
La otra parte merece que se la escuche.
Los umbrales de la normativa contra el blanqueo no pretenden medir la riqueza; pretenden detectar movimientos de dinero que merecen una segunda mirada. Un número redondo es fácil de recordar, fácil de aplicar y difícil de burlar. Indexar daría cifras raras, como 21.240,31 dólares, que cambian cada año y que la gente corriente nunca conocería. Y las administraciones tributarias pueden argumentar con razón que, con el intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre países, los formularios son una pequeña carga añadida a una información que van a recibir de todos modos. Cuánta información circula ya lo describe The Informant Economy.
Son argumentos reales. Pero son argumentos a favor de números sencillos, no de números congelados. Un gobierno puede redondear una cifra indexada al millar más cercano, o revisar los umbrales fijos cada cinco años, como Canadá acaba de demostrar que puede hacer por iniciativa propia. Lo que no puede afirmar con honradez es que una cifra fijada en otra década siga significando lo que significaba entonces.
La lección práctica es no esperar a que las cifras se muevan.
La cuestión de si tener cuentas en el extranjero, y dónde, la tratamos en nuestro artículo sobre cómo abrir una cuenta bancaria en el extranjero. El caso estadounidense, en el que cada una de estas cifras sigue al pasaporte, se explica en cómo tributan en Estados Unidos sus ciudadanos en el extranjero. Tener cuentas en el extranjero es legal, sus rendimientos siguen tributando donde tienes tu residencia fiscal y no ayudamos a nadie a ocultar nada.
Los tipos seguirán acaparando los titulares. Las cifras que nadie mueve seguirán haciendo el trabajo.
Aviso: este artículo no constituye asesoramiento fiscal, jurídico ni de inversión. Para cuestiones fiscales concretas, consulta con un asesor fiscal cualificado.